El parlamento de El Salvador aprobó el estado de emergencia luego de que el país centroamericano registrara decenas de asesinatos relacionados con pandillas en un solo día.
La policía dijo que hubo 62 asesinatos el sábado, lo que lo convierte en el período de 24 horas más violento desde el final de la guerra civil en 1992.
Las nuevas leyes restringen el derecho de reunión, permiten las detenciones sin orden judicial y el control de las comunicaciones.
El año pasado, la nación plagada de pandillas registró 1.140 asesinatos, el mínimo en 30 años.
Sin embargo, eso todavía equivale a 18 muertes por cada 100.000 habitantes. En noviembre, otra ola de violencia provocó la muerte de más de 40 personas en tres días.
Horas antes de que los parlamentarios votaran sobre los nuevos poderes, que permanecerán vigentes durante 30 días, la policía dijo que cuatro líderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) habían sido arrestados por la serie de asesinatos.
El presidente Nayib Bukele, elegido en 2019 con promesas de combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad, dijo: “Hemos tenido un nuevo pico de homicidios, algo que nos habíamos esforzado mucho en reducir.
“Mientras luchamos contra los delincuentes en las calles, debemos tratar de averiguar qué está pasando y quién está financiando esto”.
El país “debe dejar que los agentes y soldados hagan su trabajo y debe defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros”, agregó, en el comunicado tuiteado por el presidente del Congreso, Ernesto Castro.
Sin embargo, Juan Pappier, del grupo de campaña internacional Human Rights Watch, tuiteó las medidas como “muy preocupantes, especialmente en un país donde no hay instituciones democráticas independientes”.
Las autoridades dicen que las pandillas MS-13 y Barrio-18, entre otras, suman alrededor de 70.000 miembros y son responsables de homicidios, extorsión y narcotráfico.
La policía dijo que el último derramamiento de sangre había dejado 12 personas muertas en el departamento central de La Libertad, así como nueve en la capital, San Salvador, y el departamento occidental de Ahuachapan, con los otros asesinatos repartidos por todo el país.
En abril de 2020, cuando el coronavirus arrasaba el país, el presidente Bukele impuso un confinamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana para los pandilleros encarcelados después de que más de 50 personas murieran en tres días.
Argumentó que muchos de los asesinatos fueron ordenados tras las rejas y dijo que los prisioneros pertenecientes a bandas rivales serían obligados a compartir celdas en un intento por romper las líneas de comunicación.